La ejecución de ambas iniciativas quedará condicionada a la disponibilidad de recursos y a la aprobación de partidas en las cuentas nacionales. Las normativas se publicaron en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional promulgó dos leyes clave: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
- A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley queda condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
- Sin embargo, según el Decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
Qué implica la suspensión de la aplicación
- La promulgación formal significa que las leyes existen y son vigentes.
- La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
- Esta medida busca evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.
- En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
Fuente: RadiosPlay.








